Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 9.9 LRDGC y 24 CE respecto de la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique la ley infringiendo normas constitucionales sobre los derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se apoyan en tal infracción, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de acuerdo con lo establecido en el art. 88.1 LJCA, determina la admisión a trámite del recurso.
Resumen: a regularización tiene su causa en que se consideraron gastos deducibles la provisión por responsabilidades medioambientales. No resultra aplicable el criterio del recurrente puesto que el artículo 13.1 RD Legislativo 4/2004 (5) establece como regla general que "no serán deducibles las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deudas probables"; como excepciones contempla, entre otras no pertinentes al caso, la del apartado d) "las dotaciones para la cobertura de reparaciones extraordinarias de elementos patrimoniales distintos de los previstos en el párrafo anterior y de los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, siempre que correspondan a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria". En el presente caso, es dudoso que pueda aplicarse este supuesto, dado el carácter excepcional de las dotaciones para riesgos y gastos. En todo caso, se exige un plan aceptado por la Administración tributaria, requisito que no se cumple.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto en fecha 18 de enero de 2022 contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de revocación de la Autorización Ambiental Integrada concedida a la entidad JEALSA RIANXEIRA S.A. para la fabricación de conservas localizada en el Concello de Boiro (A Coruña) con número de registro DA AAI 2006/0380-NAA/IPPC-0120; así como contra la resolución expresa de fecha 23 de septiembre de 2022, dictada por la Administración demandada, y le reconoce la legitimación a la recurrente para instar la apertura de un procedimiento administrativo sancionador en el que se compruebe el cumplimiento por JEALSA de las condiciones de la AAI, teniendo la condición de parte, y dictándose la resolución expresa que legalmente proceda. Señala la Sala que ha de considerarse la procedencia de la incoación y tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, dictándose resolución expresa que finalice el mismo, dentro del plazo legal, y sin perjuicio de lo que resulte del mismo, atendida la circunstancia de que la demandante no tiene un derecho a que sea impuesta una sanción. Concluyendo que en este sentido, en esta vía judicial tan solo se aprecian la existencia de indicios que llevan a considerar la necesidad de la incoación, tramitación y resolución, del correspondiente procedimiento, al margen de cuál pueda ser el resultado.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia de la instancia,desestimatoria del recurso contencioso interpuesto y confirmando,a su vez, la resolución impugnada por la que se deniega la prórroga por estudios solicitada. La resolución impugnada sustenta la denegación en la aplicación del art. 40 en relación con ell art. 38, ambos del RD 557/2021 por considerar que no queda acreditada la continuidad de los estudios al no haber superado ningún crédito del curso 2021/2022, de la actividad para la que fue autorizada su estancia, y ello al haberse matriculado para otra actividad diferente sin que en definitiva se acredite la continuidad en los estudios. Se centra la controversia en dilucidar si para el caso de cambiar la carrera, o titulación, puede prorrogarse la autorización inicial concedida para otros estudios. La sentencia apelada desestima el recurso destacando que la prorroga se refiere a la autorización concedida respecto de unos estudios determinados resultando que, en este caso, no se presentó a la mayoría de las asignaturas por lo que no se entiende cumplido el requisito de la continuidad exigido por la norma. Se confirma la sentencia apelada, previo análisis de la normativa aplicable de la que se desprende que resulta asimismo necesario acreditar,en los supuestos de prórroga, que se ha superado los requisitos,o pruebas,para la continuidad de los estudios,requisitos que, en este supuesto, no quedan acreditados.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia estimatoria recaída en el juzgado en materia de expulsión de extranjero en situación de irregularidad ordenando la sustitución de la orden de expulsión por la de multa. La detención se produjo en este caso porque el extranjero no acreditó que se hallase en periodo de estancia legal (ni siquiera presentó el pasaporte de su nacionalidad, ni lo ha hecho a lo largo de la tramitación del procedimiento) y se comprobó, previa consulta de las correspondientes bases de datos, que carecía de autorización de residencia, considerando no suficiente el documento oficial de su país. Pero el extranjero ha acreditado su identidad con la aportación del pasaporte ante la letrada judicial, por lo que el extranjero no se encuentra sin documentación alguna por la que no pudiera ser identificado.
Resumen: TEAR desestima las reclamaciones económico-administrativas referidas a procedimiento recaudatorio por deudas ajenas de un tercero, entre otras las derivadas de las declaraciones del IRPF. La actora ha sido objeto de una declaración de responsabilidad tributaria solidaria, con arreglo a lo prevenido en el artículo 42.1. a) de la Ley GT, según el cual, También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. En el presente proceso se debate si a la actora le es o no aplicable la derivación de responsabilidad que se le reclama por haber facilitado a la empresa sancionada por la AEAT dándole datos para la confección de facturas falsas o falseadas, en concreto el CIF y su dirección, a fin de poder expedir facturas que la obligada principal ha admitido al parecer que son falsas, lo que no es puesto en duda en este proceso. La Sala concluye que las operaciones jurídicas legales por el mero hecho de usarse en fraude por un deudor tributario y perjudicar a la AEAT no son siempre perseguibles por hacienda frente a otro tercero. En este caso la documentación fue adquirida fruto de una relación transaccional legal En el presente proceso se debate si a la actora le es o no aplicable la derivación de responsabilidad que se le reclama por haber facilitado a la empresa sancionada por la Administración Estatal de Administración
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten (i) en determinar si en el caso contemplado concurren los requisitos relativos al derecho al reexamen de la declaración de culpabilidad en materia de Derecho administrativo sancionador, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y (ii) en precisar los conceptos de disposición, venta y entrega de medicamentos, cuando ello se produce mediante una aplicación informática utilizada por la oficina de farmacia.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, en el caso de autos, los hechos imputados han sido correctamente subsumidos por la Administración en el tipo del artículo 22.2 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que no existen datos negativos que avalen la expulsión.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
